Hoy, nos hacemos eco del nuevo informe sobre las DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA y
El nuevo informe de la Comisión Europea del pasado 21 de Agosto, aborda diversos aspectos atinentes a la situación del Estado de derecho en España, referentes al Sistema Judicial, Marco de lucha contra la corrupción, Libertad y pluralismo de los medios de comunicación así como otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales. En él se pone de manifiesto que aunque la independencia de el nivel percibido de independencia judicial en España es bajo entre el público general y las empresas – en total sólo el 38 % de la población general y el 39 % de las empresas perciben el nivel de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces como «bastante bueno o muy bueno» en 2021 , es cierto que las cifras han disminuido con respecto a 2020.
Esto se debe a que persisten las preocupaciones por la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial, mientras que, a raíz de algunos acontecimientos recientes, se ha exigido que sean sus homólogos quienes designen a los jueces miembros. El Consejo del Poder Judicial viene actuando en funciones desde diciembre de 2018, lo que ha provocado que persista la preocupación de que sea percibido como una institución expuesta a influencia política.
Lo que es cierto es que España ha optado por la calidad para la mejora de dichos aspectos mediante el refuerzo en los aspectos que el Parlamento ha dictado:
- Se adoptado una nueva Ley que refuerza el sistema de asistencia jurídica gratuita.
- Se ha presentado una propuesta de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sitúa a los fiscales al frente de las investigaciones judiciales.
- Se han creado unidades judiciales adicionales para dar respuesta a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, pero el bajo número de jueces por habitante constituye un reto.
- Se están llevando a cabo más inversiones y proyectos para la digitalización de la justicia.
- La eficiencia de la justicia en España ha seguido haciendo frente a desafíos.
- El Gobierno ha continuado adoptando iniciativas jurídicas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Dentro de este marco de la lucha contra la corrupción, en España, los expertos y los directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público se mantiene relativamente bajo. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, España obtiene una puntuación de 62/100, con lo que ocupa el 9.º lugar de la Unión Europea y el 32.º de todo el mundo67 . Esta percepción ha mejorado durante los últimos cinco años. Pero a pesar de eso, la pandemia de COVID-19 ha afectado a los mecanismos de lucha contra la corrupción existentes.
Tras la declaración del estado de alarma se suspendieron los procedimientos establecidos para garantizar el acceso a la información pública, pero se tomaron medidas internas destinadas a organizar el procedimiento para dar respuesta a las solicitudes de acceso a información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido un número creciente de solicitudes de acceso a información en el contexto de las medidas de apoyo en relación con la COVID-19, especialmente a la relativa a la corrupción y al fraude. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que comprueba las mejores prácticas en materia de transparencia y detecta irregularidades, publicó un informe en el que evaluaba la repercusión de la COVID-19 en la contratación pública, prestando especial atención a la publicidad y la transparencia.
El informe destacó que la COVID-19 ha llevado a la implantación urgente de canales electrónicos que hagan posible la comunicación, en especial en el ámbito de la contratación pública con el incremento del uso de sistemas de contratación electrónica. España mejoró los canales de comunicación en línea para prevenir y denunciar la corrupción, lo que resulta de gran importancia en este sector concreto en el que la mayoría de las denuncias relacionadas con la corrupción y el fraude se presentan a través de plataformas electrónicas.
Dento del marco judicial y de la transparencia, y en cuanto a Contratación Púbica se refiere el informe cita la detección de deficiencias en relación con los contratos públicos de publicidad institucional. La contratación de publicidad y comunicación institucional está regulada por disposiciones legislativas.
Un estudio reciente realizado en nombre de una asociación profesional analizó una muestra de contratos que representan alrededor del 12 % del número total de contratos y casi el 50 % de su valor. Dicho estudio ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la redacción de los pliegos de licitación de la gran mayoría de contratos públicos de publicidad institucional que se analizaron. En una línea similar, el MPM 2021 señala que son habituales las quejas acerca del reparto injusto del gasto público según la ideología de los medios informativos digitales.
Si queréis saber más sobre el Informe expuesto, os dejamos el link para poder seguir leyendo el resto de aspectos: INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA. DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
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