En nuestro blog de Noticias, os hablamos sobre la reciente modificación de la Ley de Contratos y los principales puntos de su cambio:
El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, introduce a través de sus disposiciones finales modificaciones en diversos preceptos del ordenamiento jurídico necesarias para una adecuada transposición de las directivas.
Todo hace pensar que para el día a día de las licitaciones, estas modificaciones no supondrán un gran esfuerzo para la adaptación de los cambios por parte de los órganos de contratación, aunque está claro que el conocimiento y llevada a cabo de los mismos por parte de ellos, deberá ser algo esencial en su actividad en la contratación pública.
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En referente al Plan Antifraude, la orden publicada por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado cita: “Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación y Transformación deberá disponer de un Plan de medidas Antifraude”. Esta orden incluye todo administración o incluso intermediarios privados que participen en los Fondos Europeos, dando a las Comunidades y Municipios en los que ellos se encuentren hasta 3 meses para crear su propio Plan Antifraude.
En ellos, deberán establecer mapas de riesgo, declaraciones de ausencia de conflicto de interés, códigos éticos, buzones de denuncias, sistemas de alertas, cursos de formación de sus gestores o políticas de obsequios y confidencialidad, entre otros, ya que se cita también la posibilidad de cruces con bases de datos públicas como los registros mercantiles, cribado de datos para encontrar alertas, como cambios a posteriori en las especificaciones de los contratos, prórrogas irregulares, prestaciones utilizando contratos menores o la ausencia de una doble firma de los responsables.
Se establece así un sistema compliance en el sector público instaurando protocolos para impedir el fraude financiero en el sector.
Esto no será tarea fácil para las administraciones más pequeñas, los ayuntamientos, las diputaciones y comunidades ya que cómo máximo, disponen de 90 días desde la entrada en vigor de la orden, el pasado 30 de septiembre, o desde que sepan que gastarán los fondos. Dicha dificultad, se encuentra agravada por la limitada oferta de consultores en esta materia antifraude, aspecto que no se ha visto muy solventado a pesar de que el Gobierno Central ya adelantó a los gobiernos autonómicos el borrador de la orden en agosto para que pudieran hacer alegaciones. Disponen ademas, cámaras de cuentas que podrían colaborar con estos órganos de contratación para facilitar la creación de los planes aunque desde la administraciones se destaca que la exigencia es muy importante también por la responsabilidad de gastar a tiempo y con eficiencia, una cantidad muy elevada de recursos económicos.
Eso sí: se deja que las exigencias se ajusten en función de los riesgos y de la naturaleza y tamaño de cada entidad y se recoge un listado de comprobaciones para asegurar el cumplimiento, unas guías y unos compendios de casos prácticos para las entidades ejecutoras de fondos europeos. Entre otros, deberán de identificar los riesgos de fraude, asignarles una probabilidad, establecer señales de alerta y crear procedimientos para minimizarlos y actuar en caso de que se materialicen.
Son 70.000 millones en ayudas no reembolsables que entregará la UE en tres años es mucho dinero y la Comisión Europea ha impuesto en la normativa de los fondos Next Generation EU que se instauren los más altos estándares ya aplicados en Bruselas.
Sociedades estatales como Tragsa, Correos o Adif ya disponen con departamentos y asesores de cumplimiento normativo o compliance por lo que su desarrollo será más fácil en sus casos.
Junto a dicho Plan Antifraude, Hacienda crea una base de datos para controlar los flujos de dinero ya que serán las comunidades y ayuntamientos quienes gestionarán la mitad o más de los fondos europeos (El País) Esta información es esencial para conocer el estado de las inversiones y su relación con los objetivos comprometidos con Bruselas como la educación, la sanidad, el medioambiente y la vivienda. Si una región por el contratio, no logra ejecutar los recursos asignados, pondría en riesgo los objetivos nacionales y Bruselas podría llegar al extremo de retener desembolsos para el conjunto del país, Es por ellos que La UE hará un examen dos veces al año de estos hitos y objetivos prometidos. El montante de fondos, podrá ser repartido entre comunidades o regiones según su primer cumplimiento.
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