¿ Solvencia y Garantía en un procedimiento abierto simplificado abreviado como criterios de obligación?

Hoy, en Noticias +Licitaciones, nos llega una consulta sobre la solvencia y la garantía por parte de uno de nuestros clientes de la administración pública, en la que nos realiza la siguiente consulta: ¿ deben los licitadores de procedimientos abiertos simplificados abreviados estar exentos de acreditar los criterios de solvencia así como de constituir garantía definitiva ?

En relación a esta misma, desde nuestro personal experto en contrataciones, se le traslada lo siguiente:

Según el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el nuevo procedimiento abierto simplificado abreviado, como su nombre indica, busca la agilidad en su tramitación, la simplificación documental y la reducción de cargas para las empresas en este tipo de contrataciones.

Cabe pensar, que esta ley prevé que no se exija la acreditación de la solvencia ni que se constituya garantía definitiva pero al contrario de lo que se piensa, el hecho de que no se acredite la solvencia no quiere decir que las empresas que se presenten a dicho procedimiento, no deban tener solvencia. En resumen, a estas empresas no se exime del requisito sino sólo de su acreditación. Tomamos como referencia, ejemplos que hacen mención a dicho asunto como el Informe de la Junta Consultiva del Estado, 21/2016, de 27 de abril de 2017, sobre «Exigibilidad en los contratos menores de la acreditación de la capacidad y solvencia del empresario».

Al igual que en el procedimiento abierto simplificado del art. 159.6, en los contratos menores no se exige la acreditación de la solvencia ni la constitución de la garantía definitiva, por lo que la argumentación utilizada por la junta resulta de plena aplicación al presente caso y consulta que nos hace llegar nuestro órgano de contratación

Dicho Informe especifica con claridad:

«que el legislador tienda a facilitar y simplificar la celebración de estos contratos no quiere decir que los mismos no deban cumplir las condiciones generales de aptitud que exige la ley en su Artículo 54 (actual art. 65 LCSP) cuando indica que «Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas»».

Por su parte, el Informe 1/09, de 25 de septiembre de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, indica al respecto:

«La limitación de exigencia de requisitos de aptitud a la capacidad de obrar y al título habilitante ha de entenderse en el sentido de que no es preciso acreditar documentalmente más que la una y el otro. Sin embargo, evidentemente, si la empresa adjudicataria se encuentra en prohibición de contratar y esta circunstancia es del conocimiento del órgano de contratación debe ser tenida en cuenta».

En consecuencia, sacamos en conclusión que los requisitos de capacidad, solvencia y no concurrencia de prohibición de contratar deben positivamente concurrir en el contratista en los contratos menores y de la misma manera en el procedimiento previsto en el art. 159.6. El contratista debe disponer de solvencia suficiente pero no está en obligación de tener que acreditarla, puesto que la ley hace primar la celeridad y agilidad de tramitación del procedimiento y su eficacia frente a las exigencias de seguridad jurídica que sí son propias de otros contratos de mayor trascendencia económica. Lo mismo sucede con la no exigencia de garantía definitiva a las empresas contratistas.

Así pues, ante la duda de la entidad local nuestra respuesta es la siguiente:

«No es posible exigir la acreditación de la solvencia en el procedimiento previsto en el art. 159.6 ni exigir la constitución de  garantía definitiva, por ser contrario a lo que dispone la Ley de Contratos y a la voluntad del legislador»

Desde +Licitaciones estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis en vuestro órgano de contratación. Nuestro equipo multidisciplinar os aclarará vuestras preguntas haciendo que la contratación, sea un mero trámite en el día a día de tu administración.

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Mesas de Contratación. ¿Qué son y qué hacen?

Como se define en el Artículo 323 de LCSP, las Mesas de Contratación es un órgano de asistencia técnica especializada en materia de contratación administrativa que debe actuar de forma obligatoria en los procedimientos abierto, restringido y negociado con publicidad y que se encarga, principalmente, de valorar las proposiciones de los licitadores y proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor de aquél que presenta la mejor oferta.

En relación a LAS PRINCIPALES FUNCIONES digamos que

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que define la Mesa de Contratación, como «órgano de asistencia técnica especializada» en la materia, sin dar una definición expresa, siendo así, un órgano colegiado que tiene como funciones principales, según lo dispuesto en el artículo 326.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las siguientes:

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previamente expuestos a los que se refieren los artículos 140 y 141 LCSP , para acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten el cumplimiento explícito, previo trámite de subsanación.

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.

c) La proposición sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento según la Ley 9/2017.

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación.

e) La selección de los candidatos delegados por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares en aquellos procedimientos restringidos, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en el de asociación para la innovación.

En el día a día mayoritariamente son procedimientos abiertos los llevados a cabo por los órganos de contratación, en los que las mesas de contratación realizan estas ACCIONES PRINCIPALES:

1) Calificará las documentaciones de carácter general acreditativas de la personalidad jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica financiera, técnica y profesional de los licitadores y demás requisitos a que se refiere el artículo 140 de la Ley, así como la garantía en los casos en que se haya exigido, comunicando a los interesados los defectos y omisiones subsanables que aprecie en la documentación.

2) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto público, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 221.4 de la citada Ley Contratos del Sector Público

4) Determinará los licitadores que hayan de quedar excluidos por no superar el umbral mínimo de puntuación exigido, cuando el procedimiento se articule en diferentes fases.

5) Valorará las distintas proposiciones.

6) Tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la Ley Contratos del Sector Público, cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormal o desproporcionada, y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo.

7) Propondrá al órgano de contratación la adjudicación.

La mesa de contratación, es el principal instrumento administrativo que asegura la correcta ejecución de los procesos de contratación pública y en especial de licitación electrónica.

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