INSEGURIDAD JURÍDICA: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS – EL RETO PENDIENTE
Os dejamos en el siguiente enlace el informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
Elaborado en mayo de 2021:
En primer lugar, aborda en este «Módulo 1, los aspectos más determinantes sobre LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. LA ACTIVIDAD CONSULTIVA, haciendo para ello un análisis de la actividad consultiva en términos numéricos, a fin de determinar y contrastar su volumen con datos anteriores.
En segundo lugar, se han sistematizado los contenidos de los informes. Así, se han distinguido aquellos informes que son consecuencia directa de las consultas planteadas por los órganos de contratación, de aquellas recomendaciones, informes y otros documentos, que responden a otras competencias o funciones propias de estos órganos consultivos, como son las de informar proyectos normativos o la emisión de recomendaciones. Respecto de estos últimos, se ha procedido este año a iniciar una categorización que facilite su seguimiento. Por último, en lo que se refiere a los informes emitidos como respuesta a las consultas planteadas por los órganos de contratación, se ha procedido a sistematizar y estructurar, hasta en dos niveles, los asuntos en cuestión sobre los que versaban estas consultas. Así, en primer lugar, se ha procedido a clasificar estos asuntos en una serie de categorías (asuntos genéricos) que, a su vez, incluyen un mayor detalle del objeto de la consulta (asuntos concretos). Las categorías principales o asuntos de carácter genérico, en las que se han clasificado los informes son las siguientes:
– Procedimiento, incluyendo en esta categoría todas aquellas consultas que se realizan sobre la tramitación de los distintos tipos de procedimientos de licitación (abierto, abierto simplificado, negociado sin publicidad, etc.)
– Ejecución y cumplimiento del contrato, incluyendo en esta categoría todas aquellas consultas que se realizan sobre la fase de ejecución del contrato, sobre las modificaciones contractuales, prórrogas y liquidación del mismo.
– Contratación menor, incluyendo en esta categoría todas aquellas consultas que se realizan sobre los contratos menores, incluidos aquellos que se abonan por un sistema de caja fija o similar.
– Contenido de Pliegos, incluyendo en esta categoría todas aquellas consultas que se realizan sobre la configuración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. Se incorpora, igualmente, en esta categoría las dudas y consultas que versan sobre los criterios medioambientales, sociales y de innovación.
– Capacidad y solvencia, incluyendo en esta categoría todas aquellas consultas realizadas sobre los medios de acreditación de la solvencia técnica y profesional y económico-financiera de los licitadores, así como su capacidad y representación.
– Negocios y contratos excluidos, incluyendo en esta categoría todas aquellas consultas sobre los contratos, actuaciones, convenios, encargos y demás negocios jurídicos excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP.
– Tipo de contrato, incluyendo en esta categoría todas aquellas consultas relativas a la configuración y determinación del objeto del tipo de contrato en cuestión (servicios, suministros, obras, concesión de servicios, concesión de obras, etc.). – Otros, incluyendo en esta categoría todas aquellas consultas que no pueden ser categorizadas o integradas en cualesquiera de las categorías anteriores.
Dicho informe concluye lo siguiente; «En el ejercicio 2020 se contiene la actividad consultiva, superior al año precedente, pero sin llegar a la producción del 2018. En este sentido, tras la publicación y entrada en vigor de la LCSP en los años 2017 y 2018, parece haberse superado este periodo inicial, asentándose diversos criterios interpretativos surgiendo nuevas dudas más enfocadas a la ejecución del contrato y su cumplimiento.
Respecto a la actividad propiamente consultiva, se concluye una evolución del foco de la inseguridad jurídica planteada por los órganos de contratación, trasladándose desde la “contratación menor” en 2018 y el “tipo de contrato” en 2019, para centrarse en el 2020 en la “Ejecución y cumplimiento de los contratos”. Cabe recordar en este punto que el IAS 2020, identificó precisamente esta fase como el “reto pendiente” en lo que a publicidad en las plataformas de contratación del conjunto del sector público y transparencia se refiere, y como la fase en la que más reparos se habían producido de acuerdo a la información trasladada por los órganos de control interno económico financiero de ámbito local y autonómico. De otra parte, se ha observado, como no podía ser de otro modo, un cierto impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 en la actividad consultiva, destacando los informes relativos a la indemnización al contratista en el caso de suspensión de un contrato en ejecución por causa de ésta y las notas informativas que respecto a los contratos de emergencia se han debido de emitir dado el aumento de contratación de este procedimiento excepcional».
Puedes leer todo el informe AQUÍ
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